San Salvador, 21 dic (EFE).- Un total de 137 personas, entre empleados y propietarios del transporte público salvadoreño, han sido asesinadas en 2010 y se reportan pérdidas por 14 millones de dólares por el pago de extorsiones y otros 68 millones por un paro forzado, denunciaron hoy representantes gremiales.
El presidente de la Federación de Cooperativas de Empresarios Transportistas Salvadoreños (Fecoatrans), Catalino Miranda, explicó hoy a Efe que 137 personas del transporte público, entre empleados y propietarios, fueron asesinadas este año.
Agregó que en el área metropolitana de San Salvador se perpetraron 63 de estos crímenes y los meses más peligrosos fueron enero y junio, cuando se cometieron 20 y 21 asesinatos, respectivamente.
Miranda detalló que los transportistas reportaron pérdidas por 14 millones de dólares por el pago de extorsiones a supuestos pandilleros, unos 4 millones de dólares menos que 2009.
A juicio del dirigente gremial "la toma de los centros penitenciarios por parte del Ejército", desde donde se detectó el origen de las llamadas de amenazas, influyó en la disminución de los casos de extorsión.
Por otra parte, indicó que entre enero y diciembre de 2010, 21 unidades del transporte público fueron incendiadas.
Este año el transporte colectivo recibió tres duros golpes, el primero de ellos el 20 de junio, cuando supuestos miembros de la Mara 18 incendiaron un autobús con sus pasajeros adentro, en la localidad de Mejicanos al norte de la capital salvadoreña, en un suceso en el que murieron 17 personas.
Ese mismo día fueron asesinadas tres personas en otro ataque contra un vehículo del transporte colectivo.
Estas acciones conmocionaron al país y fueron consideradas por el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, como actos de "terrorismo puro".
En septiembre, el transporte colectivo estuvo semiparalizado durante 72 horas a raíz de la presión de las pandillas, que amenazaron con atentar contra vehículos y trabajadores de ese sector en rechazo a una ley en su contra, provocando 68 millones de dólares en pérdidas para ese sector, según los empresarios.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y la Mara-18 (M-18), tradicionalmente enfrentadas entre sí, se hicieron responsables de la paralización del transporte y pidieron "disculpas" a la población.
En respuesta, Funes firmó una Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal que penaliza la pertenencia y financiación de esos grupos.
